La Justicia Federal dictó el procesamiento del actual dirigente sindical y ex funcionario kirchnerista, acusado de orquestar una maniobra fraudulenta mediante el uso de certificados de deuda falsos para embargar a una empresa de seguridad.
La justicia santacruceña vuelve a estar en el centro de la escena política tras el procesamiento de Julio Norberto Gutiérrez, ex Ministro de Trabajo de la provincia y actual secretario general de la Unión de Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSAP). La medida, dictada en febrero de 2026, incluye cargos por estafa procesal, falsificación ideológica y uso de documentos falsos.
El eje de la maniobra: Certificados falsos y embargos inflados
La causa se originó a partir de una denuncia de la empresa Securitas Argentina, contra la cual el gremio liderado por Gutiérrez había impulsado un embargo millonario basado en presuntas deudas por aportes sindicales.
De acuerdo con las pericias contables incorporadas al expediente:
–Inexistencia de deuda: Los informes técnicos demostraron que la empresa no registraba deudas por aportes entre 2018 y 2022, contradiciendo los certificados presentados por el sindicato.
–Cifras adulteradas: Se detectó una disparidad abismal entre el monto inicialmente ejecutado por el gremio —superior a los 104 millones de pesos— y una certificación posterior que reducía la supuesta deuda a apenas 5 millones de pesos.
–Documentación irregular: Representantes sindicales admitieron durante el proceso que los certificados incluían montos de otras empresas y se basaban en estimaciones sin respaldo contable real.
Otros implicados y medidas judiciales
Además de Gutiérrez, la Justicia Federal procesó a Juan Marcelo Soria, funcionario de la UPSAP, y al abogado del sindicato, Julio César Núñez, considerados coautores de la maniobra. Como parte de las medidas adoptadas, el juzgado dispuso un embargo preventivo sobre los bienes de Gutiérrez que asciende a 250 millones de pesos.
Impacto político y contexto
El procesamiento de Gutiérrez, quien ocupó cargos estratégicos durante las gestiones kirchneristas en la provincia, pone bajo la lupa la transparencia en la gestión de fondos sindicales y sus vínculos con el poder político. Este caso se suma a una serie de conflictos judiciales que atraviesa Santa Cruz, incluyendo recientes escándalos por aumentos salariales en el Tribunal Superior de Justicia que han generado fuertes roces con la administración del gobernador Claudio Vidal.
La investigación continúa abierta mientras la justicia busca determinar si la ejecución automática de estos certificados de deuda —que gozan de presunción legal— fue utilizada deliberadamente como una herramienta de extorsión económica.
